16 Jun 2010

   

Aunque las causas, manifestaciones y consecuencias de la crisis económica española están todavía en cuestión, hay un consenso generalizado en torno al foco de infección: el mercado inmobiliario.

Aunque las causas, manifestaciones y consecuencias de la crisis económica española están todavía en cuestión, hay un consenso generalizado en torno al foco de infección: el mercado inmobiliario. Este se encuentra mal estructurado, inflado, desconcertado, no sólo desde que empezó a inflarse la última burbuja, sino desde que España conoció -y se enamoró- del ladrillo. El pasado (1911-2010) ha sido un siglo de políticas públicas y prácticas económicas privadas encaminadas a alimentar la construcción de viviendas a cualquier precio, con el concurso de todos los agentes posibles: propietarios (de suelo), promotores (incluidos los constructores), financieros (la banca prestamista), compradores (la inmensa mayoría de la ciudadanía), reguladores (el Estado primero, las Comunidades Autónomas desde 1997 en adelante) y planificadores (los Ayuntamientos).

Pero hay varias oportunidades de reconducir la actual situación. La inmensa oferta de viviendas tiene que ser absorbida por el mercado, tarde o temprano. Para ello, caben varias soluciones: la oferta en sí debe reducirse, mediante la desaparición (destrucción) de muchas viviendas y acaso una moratoria en las nuevas construcciones. En los "planes renove" es usual que se entregue el cacharro viejo al adquirir el nuevo, así que trasládese la figura y… ahí tenemos la oportunidad para elevar el nivel de calidad habitacional en nuestras ciudades, acabando de una vez por todas con la infravivienda y esponjando -y, de paso, reverdeciendo- los barrios y pueblos enteros donde todavía se hacinan los vecinos. Más difícil resulta aplicar la moratoria en los nuevos desarrollos, que nunca debieran haber comenzado. Pero es posible, con las debidas garantías de transferencia de derechos de propiedad, también los expectantes. Para asegurar que la burbuja no vuelve a inflarse, recupérese la idea que presidía el urbanismo español anterior a 1998: el suelo no estrictamente clasificado como urbanizable ha de ser no urbanizable. Y, a partir de entonces, a crecer ordenadamente, poco a poco.

Complemento necesario de las medidas de adelgazamiento de la oferta, lo son las de engorde selectivo de la demanda, pero con "alimentos naturales" (nada de préstamos baratos y generalizados): los precios deben bajar hasta que sean suficientemente apetitosos, de modo que haga aflorar -o llegar si marchó fuera de España-, el dinero que se retiró de los mercados bruscamente desde 2008 en adelante. Además, si desde el sector público se desea proveer al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución en sus mejores términos, se ha de apoyar a quienes más lo necesitan en el acceso a la vivienda, pero en régimen apropiado: el de alquiler (en su caso, el alquiler con opción a compra). Fundamentalmente, se debe estimular la ocupación de viviendas, no su adquisición. La fiebre por comprar pisos y chalets a cualquier precio nos ha traído hasta aquí, no lo olvidemos. En el modelo de arrendamiento hay también negocio, tanto para los propietarios como para los promotores y bancos que no logran colocar sus activos deshaciéndose de ellos. Es cierto que se trata de un negocio a más largo plazo, pero también por ello más estable y seguro.

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